La paz no es un negocio

Desde el Palacio de Nariño en Bogotá el Presidente Juan Manuel Santos confirmó hace unos días que el Gobierno está teniendo conversaciones exploratorias con el grupo guerrillero las FARC, con el fin de abrir nuevamente un camino hacia la negociación de la paz. La fecha fijada para las mesas es el 5 de octubre y se llevarán a cabo en Oslo y en La Habana, con el acompañamiento de los gobiernos de Chile y Venezuela como intermediarios.

Esta iniciativa ha generado cientos de críticas y ofensivas hacia el Presidente, pues en sus dos años de gobierno no ha sido contundente con las políticas que lo llevaron a ser elegido. Tildado de traidor y de payaso, Juan Manuel Santos le ha dado un giro a la llamada seguridad democrática que instauró el ex presidente Álvaro Uribe Vélez quien, además, fue su defensor número uno por la credibilidad y la confianza que Santos ganó como Ministro de Defensa y mano derecha de Uribe.

Las razones con las cuales Santos justifica esta propuesta suenan flojas, románticas y utópicas:

1. Aprender de los errores del pasado.
2. Cualquier proceso debe llevar al fin del conflicto.
3. Se mantendrán las operaciones militares en todo el país.

La primera no es clara. Los errores ya se han visto en los diferentes, pero igualmente fallidos, procesos de paz que llevaron a cabo los presidentes Belisario Betancur, Andrés Pastrana y César Gaviria. Si Santos busca un aprendizaje, creo que está perdiendo el tiempo, pues la historia política y social de este país ya nos ha demostrado no sólo una sino tres veces que dialogar con la guerrilla no ha servido de nada; excepto para incrementar su legitimidad y su poder, aunque estén fuertemente debilitadas.

En cuanto a la segunda razón, pienso que hay un sentido maquiavélico y deshonesto por parte del Gobierno hacia los colombianos y aún más hacia las víctimas. Cualquier proceso debe llevar al fin del conflicto hace referencia a el fin justifica los medios. Si las FARC tienen intención de negociar no es precisamente por buscar la paz, sino un indulto para sus crímenes y unas garantías iguales o más generosas que las que se les dieron a los jefes de las AUC con la Ley de Justicia y Paz que, también ya se demostró que no sólo es inviable sino obsoleta.

Y la tercera es contradictoria a los diálogos de paz. Si se mantienen las operaciones militares significa que, igualmente, la guerrilla deberá estar alerta, pues no van a bajar la guardia mientras el Ejército sigue operando. Y eso significa que, mientras los delegados del Gobierno y de las FARC están sentados en algún lugar paradisiaco de Noruega y de Cuba, como si el terrorismo se negociara como un TLC, aquí en las selvas y en los pueblos la violencia y la guerra van a seguir en rigor, mientras allá, lejos de nuestra realidad, se discuten los derechos humanos, la reinserción y el desarrollo rural como si la guerra fuera una plaza de mercado.